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LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS. 

En este artículo te explico las claves básicas sobre la intervención judicial de las comunicaciones, ya sean telefónicas o telemáticas.

Concepto.

La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas es una diligencia de investigación practicada en la fase de instrucción del proceso penal.

La finalidad de este medio de investigación es averiguar si se ha cometido efectivamente un hecho delictivo, las circunstancias que lo rodean y cuando proceda, la identidad de los delincuentes y su culpabilidad.

Por lo tanto, esta diligencia procura el avance de la investigación y la obtención de fuentes de prueba, lo que justifica su naturaleza secreta.

Su regulación se contiene en los artículos 588 bis y 588 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y es completada por una abundante jurisprudencia, tanto nacional como europea.

¿Cómo se acuerda la intervención judicial de las comunicaciones?

Cuando el juez adopta esta medida, supone una grave afectación a un derecho elevado a la categoría de Derecho Fundamental por nuestra Constitución: el derecho al secreto de las comunicaciones (artículo 18.3 de la Constitución Española).

Únicamente el juez instructor podrá acordar este medio de investigación y deberá hacerlo mediante auto motivado. Además, su duración estará limitada a 3 meses, prorrogables hasta un máximo de 18 meses.

¿En que supuestos puede practicarse la intervención?

La intervención judicial de las comunicaciones se limita a la investigación de unos delitos concretos:

Intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.

  • Delitos dolosos cuya pena tenga como límite máximo, al menos 3 años de prisión.
  • Crímenes o delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.
  • Terrorismo.
  • Delitos perpetrados a través de medios tecnológicos.

¿Quiénes están obligados a colaborar?

En realidad, la intervención de dispositivos móviles y telemáticos por parte de las autoridades es factible gracias al deber de colaboración que la ley impone a determinados sujetos, que son:

  • Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de acceso a una red de telecomunicaciones.
  • Todos los prestadores de servicios de la sociedad de la información
  • Aquellas personas que de algún modo contribuyan a facilitar comunicaciones a través del teléfono o cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática.

La intervención judicial de las comunicaciones telefónicas o telemáticas como medio de prueba en el juicio oral.

La jurisprudencia ha afirmado la doble naturaleza de la interceptación de las comunicaciones: como medio de investigación en la fase de instrucción y como medio de prueba en el acto del juicio (SSTS núm. 156/2012, de 29 de febrero y núm. 21/2002, de 15 de enero).

Como prueba de cargo, la interceptación puede ser traída a la vista como prueba documental preconstituida – o como prueba testifical -mediante la declaración de los agentes de policía que ejecutaron la diligencia- (STC núm. 26/2010, de 27 de abril).

La nulidad de la intervención de las comunicaciones telefónicas o telemáticas.

En el supuesto en que la interceptación se hubiese practicado vulnerando el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE, entonces la diligencia será ilícita y, por tanto, nula.

Esta nulidad se proyectará sobre las diligencias de investigación acordadas tras los descubrimientos que la diligencia ilícita hubiese aportado y sobre las pruebas obtenidas (STC núm. 114/1984, de 29 de noviembre).

Sin embargo, esta regla ha sido flexibilizada por la Jurisprudencia que ha establecido algunas excepciones: del descubrimiento inevitable (STS núm. 974/1997, de 4 de julio) o de la conexión de antijuridicidad (STC núm. 81/1998, de 2 de abril).

Por otro lado, cuando la interceptación se haya practicado respetando el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, pero en cambio se hayan transgredido algunas normas de legalidad ordinaria relativas al medio de prueba. En tal caso se estará ante la llamada prueba irregular.

Esta infracción implica que la prueba concreta será nula. Sin embargo ello no afectará a la legalidad de la diligencia de investigación practicada ni tampoco impedirá que el resultado de aquella prueba irregular pueda ser traído al juicio a través de otro cauce probatorio (STC núm. 219/2006, de 3 de julio).

Mi nombre es Isabel Moral Zamorano y soy Graduada en Derecho y asesor legal en el Despacho Profesional de Álvaro Escudero.

 

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