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¿Qué es un indulto? Es una pregunta que está en actualmente en todos los telediarios, pero, ¿realmente lo conocemos a fondo?

¿Es justa la figura del indulto?

Para abordar con criterio el tema de la concesión de los indultos por parte del Gobierno a algunos de los condenados por el ´Procés´, es necesario entender las líneas básicas que conforman esta figura, así como las razones que justifican su existencia. Sólo de esta manera se podrá tener una opinión instruida del asunto, evitando los habituales clichés.

Regulación actual de la figura del indulto en España

El indulto está regulado en la Ley de 18 de junio de 1870, una de las más antiguas del ordenamiento jurídico actual. No obstante, ha sufrido diversas reformas, siendo la más importante la Ley 1/1988, de 14 de enero, que modificó buena parte del articulado.

Esta figura no resulta anómala si atendemos al derecho comparado, pues está prevista en casi todos los ordenamientos, aunque cada uno exige unos requisitos distintos, y asigna la facultad de concesión a una personalidad distinta. En algunos países debe votarlo el Parlamento, como en Italia, mientras que en otros los concede el Jefe de Estado, como en Francia o Inglaterra.

Qué es un indulto

Razón de ser de la figura del indulto

El indulto es un recurso pensado para aquellas situaciones en las que, si se aplica estrictamente lo recogido en la ley, no se alcanzaría la justicia material, que es el fin último de todas las normas del ordenamiento jurídico. Las normas del derecho positivo no están pensadas para ser obedecidas sin ninguna razón, sino que se conciben para intentar hallar la solución más justa a cada caso, labor que no siempre consiguen.

Pensemos, por ejemplo, en una persona adicta a las drogas que comete 5 atracos con una navaja porque necesita dinero para su siguiente dosis. Posteriormente, esa persona consigue vencer su adicción y rehabilitarse, mostrando un gran civismo y capacidad de convivencia en sociedad.

Si se sigue a rajatabla el Código Penal, va a tener que ingresar en prisión porque la condena del el delito cometido es superior a 2 años. No obstante, en este supuesto concreto, es muy difícil concluir que el ingreso en prisión de esa persona va a conseguir su reinserción social, que es el principal objetivo de las penas privativas de libertad.

De este ejemplo se puede concluir que, al margen de que uno considere que el Gobierno ha utilizado la discrecionalidad que permite la Ley del Indulto de un modo ventajista o interesado, es un hecho innegable que el indulto no debe desaparecer del ordenamiento jurídico.

La justicia formal no siempre lleva a la justicia material. El indulto existe y debe existir para aquellos casos que, por sus particularidades propias, no merezcan las consecuencias jurídicas que la ley tiene previstas para ellos

Papel del arrepentimiento y del dictamen del TS para conceder el indulto

Uno de los grandes mantras que se ha repetido desde algunos sectores en los días previos a la concesión de los indultos es que se requiere el arrepentimiento de las personas indultadas. Si observamos el articulado de la Ley del Indulto, vemos que esto es una verdad a medias.

El art.11 de la Ley establece como requisito para el indulto total que el tribunal sentenciador (en este caso, el Tribunal Supremo), considere que hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para concederlo.

Esto no implica que el tribunal sentenciador deba necesariamente estimar que existe arrepentimiento para conceder el indulto, pero la existencia o no de este arrepentimiento influye decisivamente en las razones de justicia, equidad o utilidad pública que el tribunal puede tener en cuenta. Difícilmente va a considerar el tribunal que existe alguna de estas razones para conceder el indulto cuando el condenado no muestra arrepentimiento del delito cometido.

En este caso concreto, y debido al carácter negativo del informe emitido por el Tribunal Supremo, el indulto total no sería posible. Como se establece en el art.12, si el tribunal sentenciador cree que no hay motivos de justicia, equidad o utilidad pública, no se podrá conceder el indulto total.

¿Estamos ante un indulto parcial?

Por eso estamos ante un indulto parcial, lo que implica que está sometido a la condición de no cometer un delito grave durante un tiempo determinado, y que no se ha perdonado la pena de inhabilitación impuesta, por lo que no podrán ocupar cargos públicos durante el tiempo que se estipuló en la sentencia del Tribunal Supremo.

Los artículos 25 y 26 de la Ley estipulan que el tribunal sentenciador deberá remitir al Gobierno un informe para ayudar a esclarecer si es conveniente o no la concesión del indulto, y la forma y condiciones de éste.

Dicho informe es preceptivo, pero no vinculante; esto quiere decir que es obligatorio que el tribunal sentenciador se lo remita al Ministro de Justicia, y que el Gobierno lo consulte y tenga en cuenta para su decisión final, pero no es obligatorio que obedezca el veredicto del tribunal.

Es decir, cuando el indulto es parcial, es necesario recabar el informe del tribunal, pero el gobierno tiene discrecionalidad para apartarse del criterio de éste. Lo obligatorio es la emisión y la consideración del informe, no el hecho de obedecer o no lo que éste diga.

El papel del Rey.

El papel que juega Felipe VI a la hora de firmar los indultos es el mismo que para cualquier otra norma que le remite el ejecutivo: absolutamente simbólico. Debe firmar el documento, pero debido a la inviolabilidad de que goza, sus actos siempre son refrendados, bien por el Presidente del Gobierno, bien por el Presidente del Congreso, bien por el Ministro competente.

El rey no puede negarse a firmar sin incumplir la Constitución, en concreto, el artículo 62, que en su apartado i) impone al rey el ejercicio del derecho de gracia.

La máxima argucia legal que podría desarrollar el monarca sería emular a su homólogo Balduino, rey de Bélgica que, en 1990, abdicó durante 36 horas para no firmar la ley del aborto, alegando objeción de conciencia debido a sus profundas convicciones católicas.

Sin embargo, debido a la delicada situación que atraviesa la Monarquía en España, puesta en tela de juicio por buena parte de los sectores progresistas, no parece una solución proclive a asegurar el futuro de la institución.

Comprender bien la figura.

No es bueno dejarse llevar por los titulares llamativos, ni por los eslóganes políticos, a la hora de analizar y valorar aquellos acontecimientos políticos y sociales que tienen una gran carga ideológica, pues se corre el riesgo de caer en una reducción al absurdo. Existen argumentos para pensar que la decisión del Gobierno de conceder los indultos es acertada, así como para sostener que es un craso error.

En todo caso, no debemos permitir que los razonamientos sobre el tema se vean empañados por el populismo y el sensacionalismo que tiende a rodear los eventos de esta índole, y que provocan que un debate interesante y enriquecedor degenere en una serie de descalificaciones triviales e infundadas entre los diversos grupos políticos, lo cual sólo conduce a peleas estériles.

Mi nombre es Manrique Barbero Salces, estudiante de Derecho en la Universidad de Salamanca y colaborador del Despacho penalista Álvaro Escudero.

Para contactar con el abogado penalista Álvaro Escudero, puedes hacerlo en el siguiente formulario:

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